Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso un total de 201 sanciones a personas candidatas a cargos jurisdiccionales en Veracruz, como resultado del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2024–2025. Las medidas disciplinarias se basaron en irregularidades detectadas en los informes financieros y el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la convocatoria.

De acuerdo con el informe oficial, la mayoría de las sanciones consistieron en multas económicas, que ascendieron globalmente a 436 mil 833.44 pesos. Además, el INE aplicó 15 amonestaciones públicas, determinó la cancelación de ocho candidaturas y declaró cinco casos sin efectos jurídicos.

Entre las irregularidades más comunes se encuentran la omisión en la entrega de reportes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), documentación incompleta o ausente, y registros inadecuados de operaciones financieras. Estas faltas constituyen violaciones a los requisitos esenciales del proceso electoral interno.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, figura entre las personas sancionadas, al recibir una multa de $1,810.24 por fallas administrativas. Por su parte, Marko Antonio Rodríguez Ventura, aspirante a juez penal, recibió la multa individual más alta: $20,252.06 pesos.

Respecto a las cancelaciones de registro, el INE determinó que ocho aspirantes quedaron fuera por incurrir en faltas graves, entre ellos Andrés Arias Romero, Ana María De La Barrera Jiménez y Saúl Solís López, quienes no entregaron reportes financieros fundamentales.

Distribución de sanciones:
Del total de sanciones, 48 corresponden a aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia; 16 a postulantes al Tribunal de Disciplina Judicial; 3 al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y 150 a candidaturas para jueces y juezas.

Las multas impuestas variaron entre los $113.14 y los $20,252.06 pesos, reflejando una diversidad de faltas, desde omisiones menores hasta incumplimientos graves. El listado de sancionados también incluye nombres con amonestaciones públicas sin consecuencias económicas, como Blanca Patricia Guarneros Meza y Mirla Andrea Pérez Francisco.

El INE reiteró que la vigilancia y fiscalización en los procesos internos del Poder Judicial busca garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normativas legales aplicables a todos los actores involucrados.