Tuxpan, Ver.— Un motín en el penal de esta ciudad dejó al menos siete muertos y once heridos, víctimas del fuego, la asfixia y la violencia provocada por los propios internos. Este hecho, calificado como una tragedia, ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político.

La coincidencia temporal y geográfica ha levantado suspicacias: mientras ocurrían los disturbios en el penal, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), realizaba una «mega marcha» en defensa del voto en la zona norte del estado, particularmente por presuntas irregularidades en el proceso electoral de Poza Rica.

En ese contexto, han resurgido las denuncias y señalamientos sobre presuntos vínculos entre Movimiento Ciudadano y estructuras criminales, lo que ha generado inquietud sobre la posible relación entre los hechos violentos y ciertos actores políticos con intereses en la región.

La gobernadora Rocío Nahle García ha reiterado su postura de no colaborar con autoridades municipales con antecedentes delictivos o señalamientos graves, y ha sostenido que su gobierno tiene como prioridad la recuperación de la paz y el orden institucional en el estado.

Como recordaba el tuxpeño Jesús Reyes Heroles, “en política no existen las casualidades”. Para algunos sectores, considerar estos hechos como simples coincidencias sería ignorar un trasfondo más profundo que amenaza las instituciones democráticas en Veracruz.