Xalapa, Ver.– La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa para abrogar la actual Ley en Materia de Desaparición de Personas y establecer un nuevo marco jurídico que fortalezca la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, mediante una estructura legal más precisa y eficiente.

La propuesta plantea la creación de una Plataforma Estatal Única de Identidad, que concentrará datos personales, biométricos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la información contenida en las carpetas de investigación. Esta herramienta permitirá la interoperabilidad entre instituciones estatales y federales.

Uno de los ejes principales es la integración obligatoria de todos los bancos de datos forenses estatales —genéticos, antropológicos, odontológicos y dactiloscópicos— con los bancos nacionales, para garantizar trazabilidad, transparencia y eficacia. Además, se obliga a la entrega periódica de esta información a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

La ley también establece que cada ayuntamiento deberá nombrar una unidad o enlace responsable de colaborar en acciones de búsqueda y atención psicosocial a familias afectadas, así como participar activamente en el registro oficial de personas desaparecidas. Se reconoce formalmente la participación de familiares, quienes podrán proponer rutas de búsqueda, recibir acompañamiento jurídico y obtener acceso a información de forma oportuna.

En cuanto a las sanciones, se contemplan medidas administrativas, penales y civiles para servidores públicos o particulares que obstaculicen o retrasen los procesos de búsqueda. El enfoque propuesto incorpora principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, interculturalidad y atención diferenciada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas indígenas, niñas, niños y población LGBTIQ+.

La mandataria estatal argumentó que la legislación vigente desde 2018 presenta ambigüedades, deficiencias operativas y contradicciones legales que dificultan la atención efectiva a las desapariciones, por lo que esta nueva iniciativa busca subsanar esas fallas y atender las exigencias de los colectivos y familias que han denunciado la falta de respuesta institucional.