VERACRUZ.- Seis de los 17 penales en Veracruz presentan graves fallas en gobernabilidad y respeto a los derechos humanos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los centros penitenciarios de Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán, Poza Rica, Acayucan y Pacho Viejo mantienen desde hace años calificaciones reprobatorias que evidencian un preocupante panorama de autogobierno, corrupción y actividades ilícitas dentro de sus instalaciones.

Los diagnósticos nacionales revelan que en estos penales persisten cobros ilegales a internos, que van desde cuotas por protección, uso de teléfonos, acceso a alimentos y medicamentos, hasta pagos por evitar sanciones disciplinarias. Estos cobros son considerados por la CNDH como una forma de extorsión institucional o interna, generando ambientes desiguales y peligrosos para la población penitenciaria.

La evaluación también señala que la falta de control y supervisión por parte de las autoridades penitenciarias ha permitido el establecimiento de estructuras paralelas de poder, donde los propios internos ejercen control sobre el resto. Esta situación se agrava con la presencia de actividades ilícitas como la entrada de objetos prohibidos, prostitución y privilegios para ciertos internos, afectando la seguridad y derechos humanos dentro de los penales.

En diciembre de 2024, Veracruz enfrentaba una sobrepoblación penitenciaria del 21.85%, con penales como Amatlán, Pacho Viejo y Poza Rica operando con niveles de hacinamiento superiores al 47%. En algunos casos, como el penal de Chicontepec, la saturación supera el 120%, lo que dificulta aún más el control y la reinserción social.

La situación se ha reflejado en incidentes violentos, como el motín ocurrido en el penal de Tuxpan el 2 de agosto, que dejó ocho muertos y diez heridos, en un contexto donde ya se habían detectado problemas de autogobierno y extorsión. Además, el 97.87% de la población penitenciaria en Veracruz está vinculada a delitos del fuero común, lo que incrementa la carga y demanda del sistema estatal.

Finalmente, el diagnóstico de la CNDH destaca la urgente necesidad de fortalecer la gobernabilidad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos en estos centros, para garantizar condiciones dignas y seguras tanto para internos como para el personal penitenciario.