El proceso electoral en Poza Rica se encuentra bajo fuertes cuestionamientos por presunto fraude, tras detectarse la anulación de más de 3,500 votos que originalmente eran válidos para Emilio Olvera y Movimiento Ciudadano, pero que habrían sido convertidos en nulos sin justificación clara. Críticos señalan que se trata de un intento de alterar la voluntad ciudadana y que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tiene ahora la misión de “legitimar lo injustificable”.

Irregularidades documentadas

Entre las principales irregularidades denunciadas, destaca que en cada recuento obligatorio, al abrir los paquetes electorales, aparecían de manera recurrente decenas de votos nulos en las bolsas que contenían sufragios para Movimiento Ciudadano. En algunos casos, surgían 20, 30 y hasta 70 votos anulados, siempre en perjuicio de la misma fuerza política.

Otro señalamiento apunta a la bodega del OPLE: aunque en todas las diligencias previas se reportaba intacta y con sellos inviolados, recientemente fue pintada en la parte superior. Para los inconformes, ese simple hecho es prueba de manipulación, pues una verificación técnica o incluso el testimonio de trabajadores podría confirmar que la pintura fue aplicada apenas semanas atrás, lo que despierta sospechas sobre lo que se pretendía ocultar en ese espacio.

El papel del Tribunal Electoral

Ante este escenario, el Tribunal Electoral de Veracruz tendría que justificar lo que críticos consideran injustificable. Se prevé que en su resolución se utilice un discurso oficial que hable de respeto al voto, legitimidad y transparencia, aunque los inconformes afirman que en realidad se busca “lavar la cara” al proceso y presentar como limpia una elección que señalan estuvo marcada por trampas y complicidades.

Las acusaciones también alcanzan al Gobierno del Estado y a operadores políticos de Morena, quienes son señalados como responsables de incidir en los resultados y de buscar legalizar un fraude electoral por la vía judicial. De confirmarse este escenario, la sentencia del TEV significaría no sólo convalidar el resultado, sino también, en palabras de los críticos, “bendecir el atraco” y “sellar con tinta judicial el robo de una elección que no se ganó en las urnas”.

Una afrenta a la democracia

Lo ocurrido en Poza Rica, advierten, representa más que un conflicto electoral: es un reflejo de autoritarismo disfrazado de legalidad. Para los denunciantes, el proceso muestra cómo las instituciones se convierten en cómplices y los tribunales en comparsas cuando el poder político se impone por encima de la voluntad ciudadana.

Las miradas ahora apuntan a las magistraturas del TEV: Tania Celina Vásquez Muñoz, Claudia Díaz Tablada y Gilberto Constituyente, a quienes se responsabiliza de la resolución que marcará el desenlace de este caso.

Justicia o simulación

Los críticos consideran que la sentencia del tribunal ya está prácticamente escrita y que sólo falta oficializar un fallo que consumaría el fraude. A su juicio, el “espíritu santo” que, irónicamente, convierte el agua en vino, en este caso habría convertido votos válidos en nulos y alterado resultados a conveniencia.

Sin embargo, también se advierte que la historia no termina aquí. La voluntad del pueblo —afirman— no puede borrarse con pintura fresca ni con votos anulados en secreto. Cada irregularidad, evidencia o contradicción quedará como recordatorio del proceso.

Lo que se debate, finalmente, es hasta dónde está dispuesto el Tribunal Electoral de Veracruz a mancharse las manos y hasta dónde llegará la ciudadanía de Poza Rica para defender lo que considera que legítimamente le pertenece. Para los inconformes, no sólo se trata de un atraco en Poza Rica, sino de una herida profunda a la democracia veracruzana. Y esas heridas, recalcan, no se cierran con resoluciones judiciales, sino únicamente con justicia.