Washington.– Ocho meses después de iniciado su segundo mandato, Donald Trump ha intensificado la presión sobre el sistema judicial y sus críticos políticos. El mandatario estadounidense llamó públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a abrir procesos contra adversarios, lo que ha generado un fuerte debate sobre la legalidad y las implicaciones de sus acciones.

En redes sociales, Trump reprochó que “no se está haciendo nada” en las investigaciones contra figuras que considera enemigos y exigió resultados inmediatos. Señaló incluso a la fiscal de Nueva York, Letitia James, y al exdirector del FBI, James Comey, como posibles objetivos de nuevas pesquisas. La publicación encendió alarmas entre analistas y legisladores, que advierten sobre el riesgo de convertir al Departamento de Justicia en un instrumento de persecución política.

El senador republicano Rand Paul criticó la postura, asegurando que no es correcto que la administración de Trump caiga en las mismas prácticas que cuestionó en el pasado. En contraste, voces demócratas como Chris Murphy y Chuck Schumer acusaron al presidente de debilitar las bases democráticas y de actuar con tintes autoritarios. “Este es el camino hacia la dictadura”, dijo Schumer en entrevista televisiva.

Al mismo tiempo, Trump ha realizado cambios en su equipo judicial, designando a fiscales cercanos y leales, como parte de una estrategia para consolidar su poder. Entre los nombramientos destaca Lindsey Halligan, quien ahora encabeza la fiscalía que investiga a Letitia James, una de sus más férreas opositoras.

La polémica se suma a las recientes restricciones impuestas a la prensa en el Pentágono y a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en ABC, casos que han encendido la discusión sobre libertad de expresión, censura y los límites de la crítica hacia el gobierno. Mientras tanto, Trump insiste en que actúa para “restablecer la justicia” y acusa a los medios de mantener una campaña en su contra.