Xalapa, Ver.— El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) trabajan de manera conjunta para recuperar más de 22 mil millones de pesos derivados de resoluciones judiciales firmes contra exfuncionarios estatales y municipios señalados por daño patrimonial en administraciones pasadas.
La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, informó que estos créditos fiscales corresponden principalmente a observaciones detectadas en las cuentas públicas de los años 2015 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, las cuales derivaron en sentencias judiciales que ya ordenan el pago de los recursos desviados.
“Desde la administración anterior hemos recibido sentencias firmes donde los tribunales determinan créditos ya establecidos, y por esa razón los remitimos a Finanzas para su ejecución”, señaló la funcionaria, quien precisó que del total, 19 mil millones de pesos pertenecen a procesos concluidos durante su gestión.
González Cobos explicó que el Orfis carece de facultades legales para ejecutar embargos o aplicar medidas de recuperación directa, por lo que la responsabilidad de cobrar los montos recae completamente en Sefiplan. “No tenemos la atribución para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, eso corresponde a Finanzas”, puntualizó.
Hasta el momento, reconoció que no se ha logrado recuperar dinero en efectivo, aunque las sentencias firmes permiten iniciar los procesos administrativos correspondientes. Añadió que varios exservidores públicos involucrados han intentado prolongar los juicios, a pesar de que las resoluciones ya son definitivas y los obligan a pagar los montos señalados.
Respecto a los recursos que pertenecen a municipios, la auditora precisó que deberán ser reintegrados directamente a las tesorerías locales, conforme al origen del daño patrimonial detectado. “Dependiendo de dónde haya salido el recurso, ahí se reintegra”, explicó.
Finalmente, señaló que el éxito en la recuperación de los recursos dependerá de la capacidad operativa de Sefiplan y de la reserva legal con que deben manejarse estos procedimientos. “Cuando se lleva a cabo un procedimiento administrativo de ejecución, no puede ponerse sobreaviso a nadie. Ellos tienen su programa de trabajo y nosotros estamos coordinados”, concluyó.