Ciudadanos acusan conflicto de intereses y exigen su destitución del Contralor.

MECATLÁN, VER.- Sobre la preseunta irregularidad administrativa que podría derivar en conflicto de intereses, abuso de funciones y posibles actos de corrupción, al señalar que Bruno Carpio Urbina ostenta dos cargos públicos de manera simultánea, situación que consideran ilegal y alarmante, ciudadanía del municipio de Mecatlán denuncia se investigue y sea destituido del cargo. 

De acuerdo con los denunciantes, Bruno Carpio Urbina se desempeña actualmente como Contralor del municipio de Mecatlán, cargo desde el cual tiene la responsabilidad de vigilar, fiscalizar y supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos, mientras que al mismo tiempo funge como Coordinador Municipal de los Servidores de la Nación en Coahuitlán, lo que representa una clara incompatibilidad de funciones.

Esta duplicidad de cargos anula la imparcialidad que debe tener un contralor municipal, ya que resulta inconcebible que una persona encargada de supervisar el uso de los recursos públicos no tenga independencia y, además, mantenga vínculos con otra estructura gubernamental.

“Esta situación abre la puerta a malos manejos, encubrimientos y actos de corrupción, ya que no existe certeza de que los recursos del municipio estén siendo bien aplicados ni debidamente fiscalizados”, señalaron habitantes inconformes.

Asimismo, la ciudadanía responsabilizó al licenciado Francisco Manuel Ponce, Delegado de Bienestar en la zona del Totonacapan, por permitir, solapar y avalar que Bruno Carpio Urbina mantenga ambos cargos, lo que, aseguran, demuestra una omisión grave por parte de las autoridades responsables.

Ante estos hechos, los ciudadanos exigieron la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado y del Gobierno del Estado, para que se investigue a fondo esta situación y se determinen las responsabilidades administrativas y legales correspondientes.

Finalmente, advirtieron que si las autoridades continúan ignorando esta denuncia, la ciudadanía se verá obligada a tomar otras medidas de presión social y acciones colectivas, ya que no permitirán que la corrupción y la impunidad sigan afectando al municipio.