El Congreso de Veracruz aprueba centralizar la recaudación y el control fiscal de la UPAV

Con una mayoría de 39 votos a favor, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó una reforma integral a la Ley de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la cual establece que, a partir de su entrada en vigor, todos los ingresos y derechos de la institución deberán ser gestionados exclusivamente a través de la infraestructura fiscal del Gobierno del Estado. Esta iniciativa, presentada por la gobernadora Rocío Nahle García, busca dotar a la universidad de un marco legal transparente que garantice que cada recurso captado se destine directamente al fortalecimiento de sus programas educativos.

El cambio más relevante en materia de política fiscal consiste en que la Universidad ya no podrá realizar cobros de manera independiente o directa. Ahora, todos los derechos y demás ingresos que perciba la casa de estudios serán recaudados mediante los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de Hacienda (OVH). Este movimiento administrativo transfiere el control normativo del presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la cual tendrá un plazo de 60 días para dictar las nuevas reglas de control presupuestal que deberá seguir la universidad.

En cuanto a la naturaleza de su patrimonio, la reforma blinda los activos de la institución al equipararlos con el dominio público del Estado. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos económicos de la UPAV, son ahora inalienables e inembargables, prohibiéndose estrictamente la constitución de cualquier tipo de gravamen sobre ellos. Asimismo, la universidad queda obligada a integrar indicadores de desempeño financiero en su presupuesto anual, permitiendo que el Rector y la Junta de Gobierno detecten y alerten sobre cualquier anomalía en el uso de los fondos.

Finalmente, la nueva normativa impone un proceso de saneamiento financiero inmediato. Según los artículos transitorios, la UPAV tiene 90 días para emitir sus normas de planeación y control presupuestal, mientras que los recursos que hayan sido captados por la institución antes de esta reforma deberán ser conciliados y registrados formalmente para asegurar su correcta integración al patrimonio universitario. Con esto, se busca cerrar el paso a la discrecionalidad administrativa y consolidar una gestión financiera responsable bajo la vigilancia directa de las autoridades hacendarias del estado.