COATZINTLA, VER.- Bajo un discurso que pregona «orden, transparencia y responsabilidad», el alcalde de Coatzintla, Jorge Alanís, anunció recientemente la puesta en marcha de unidades tipo mototaxi para operar en comunidades del municipio. Si bien la intención de mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso parece loable, la iniciativa camina sobre un terreno jurídico sumamente pantanoso que podría traer más problemas que beneficios.

En la publicación oficial, el Ayuntamiento afirma que las unidades han cumplido con «trámites de pago de derechos, regularización y emplacado» para operar conforme a la «normativa vigente». Sin embargo, aquí es donde el discurso choca frontalmente con la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz.

Históricamente, la Dirección General de Transporte Público ha sido tajante: el uso de mototaxis no está contemplado ni autorizado en el marco legal estatal. Al ser unidades que no ofrecen las garantías mínimas de seguridad para el pasajero y que carecen de una concesión oficial, cualquier intento de «regularización» municipal resulta, en el mejor de los casos, un acto administrativo sin validez estatal y, en el peor, una abierta violación a la ley.

Seguridad en el Limbo

El comunicado menciona «condiciones óptimas», pero no aclara qué seguro de viajero protege a los ciudadanos en caso de accidente. En un vehículo no reconocido por la ley estatal, las aseguradoras difícilmente cubren siniestros de transporte público.

Autonomía Municipal vs. Ley Estatal

Un ayuntamiento no tiene facultades para crear modalidades de transporte público por decreto propio. Al emplacar estas unidades como «patrimonio municipal» para brindar un servicio de transporte, se está forzando una figura legal que no existe para tales fines.

Introducir vehículos no regulados suele disparar tensiones con los gremios de taxistas legalmente constituidos, quienes sí pagan concesiones, revistas vehiculares y seguros de transporte público.

Es contradictorio afirmar que «Coatzintla avanza con orden» cuando se fomenta una modalidad de transporte que la autoridad estatal considera fuera de la norma. ¿Qué pasará cuando una patrulla de Transporte Público estatal detenga estas unidades? ¿Quién responderá ante un percance vial?

La necesidad de movilidad en las comunidades es real y urgente, pero resolverla mediante la alegalidad solo expone a los ciudadanos y al propio patrimonio municipal. La verdadera gestión no es «arreglar» dos motos; es gestionar ante el Estado rutas legales y seguras.