PRIMICIAS POR VICENTE MARTÍNEZ

VERACRUZ.- El proceso para la creación de dos nuevos partidos políticos locales en Veracruz avanza rumbo a las elecciones de 2027, luego de que el OPLE validó que las asociaciones Bienestar y Justicia Social A.C. y Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C. cumplieron con los requisitos legales para obtener registro.

Aunque la aparición de nuevas fuerzas políticas podría interpretarse como una ampliación de la pluralidad democrática, el proceso ha generado debate por la presencia de figuras con trayectoria política ya conocida en la entidad.

Detrás de las nuevas organizaciones aparecen perfiles vinculados al Partido Cardenista, ligado a Antonio Luna, y al proyecto Veracruzano Antipopulista, impulsado por Héctor Yunes Landa, exmilitante priista e identificado con el movimiento Antipopulismo en Veracruz.

El escenario ha abierto cuestionamientos sobre si se trata de auténticas nuevas alternativas políticas o de plataformas renovadas para actores tradicionales.

El camino hacia el registro tampoco estuvo exento de irregularidades. De 11 organizaciones que iniciaron el proceso, únicamente dos lograron avanzar, mientras que el filtro administrativo y legal detectó anomalías como personas fallecidas registradas como afiliadas, duplicidades, ciudadanos sin derechos político-electorales vigentes y asambleas canceladas por falta de quórum.

En el caso de la agrupación vinculada a Héctor Yunes, el OPLE reportó más de mil registros duplicados dentro de la misma organización, además de inconsistencias con padrones de partidos nacionales; sin embargo, consiguió acreditar más de 23 mil afiliaciones válidas, cumpliendo con lo establecido por la ley.

Otro punto de análisis gira en torno al nombre “Antipopulista”, particularmente en un contexto donde Morena mantiene una posición dominante en Veracruz y el discurso de la Cuarta Transformación conserva respaldo social.

Además del impacto político, la posible aprobación definitiva de ambos registros tendría consecuencias presupuestales, ya que el OPLE tendría que redistribuir las prerrogativas públicas entre un mayor número de partidos, incrementando la competencia electoral, pero también el costo del sistema partidista para el erario.