Las autoridades educativas federales y estatales acordaron mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, tal como fue publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dejando sin efecto la propuesta de adelantar el cierre de cursos al 5 de junio.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los titulares de Educación de las 32 entidades del país, reunión que se prolongó por más de cinco horas en las instalaciones de la SEP en la Ciudad de México.

Los secretarios de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez, y de Jalisco, Juan Carlos Flore, confirmaron que el consenso fue mantener el calendario vigente para cumplir con la normatividad y evitar afectaciones a las familias.

“Nosotros sí fuimos muy puntuales. Quedarnos con el calendario escolar vigente, cumplir con la normatividad, apoyar a la economía de las familias y seguir construyendo y al final agarró consenso y ese fue el acuerdo. Fue unánime”, señaló el funcionario de Guanajuato.

Durante la reunión, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, reconoció que el debate generado en los últimos días evidenció la necesidad de escuchar más voces, incluyendo padres de familia, madres trabajadoras y docentes de distintas regiones del país.

“El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa de los padres, de las madres de familia y el magisterio que viven realidades muy distintas, según el territorio”, expresó.

Mario Delgado señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en la fecha de conclusión del ciclo escolar, sino en replantear la estructura del calendario educativo nacional, considerando las diferencias climáticas y sociales entre regiones del país.

“La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora a 45 grados, la Huasteca potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco, exigen miradas distintas”, afirmó.

El funcionario también cuestionó la obligación establecida en la Ley General de Educación de mantener entre 185 y 200 días efectivos de clases, al considerar que en muchas escuelas, después de la entrega de calificaciones, las actividades pierden sentido pedagógico y se convierten en una carga administrativa.

“Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo”, indicó.

Asimismo, reconoció que el cierre anticipado de clases tendría un impacto importante en las familias, particularmente en las mujeres, quienes suelen asumir la mayor parte de las labores de cuidado cuando niñas, niños y adolescentes dejan de asistir a las escuelas.

Sin embargo, sostuvo que las instituciones educativas no deben funcionar únicamente como espacios de resguardo ante la falta de flexibilidad laboral.

“La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”, puntualizó.